Un asesinato a manos del estado cada 23 horas. El informe antirrepresivo de Correpi.

Por Jennifer Löcher.

El mes de diciembre del 2017 remitió la memoria popular al mismo mes del año 2001. Un batallón de policías y gendarmes enfrentados a una masa popular. Miles de personas fueron a manifestar su rechazo a la reforma previsional y la respuesta del estado fue contundente: palos, balas, gases y una ley aprobada con el congreso en el centro de una batalla campal. Estas imágenes visibilizaron el accionar represivo que creció exponencialmente con el gobierno macrista. El 22 de diciembre, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó el informe antirrepresivo que confirma lo que se viene palpando en el aire: estamos viviendo el momento con más muertes a manos del estado desde el 1983. María del Carmen Verdú, abogada y referente de Correpi, comparte su visión de este momento.

María del Carmen Verdú en la presentación del informe antirrepresivo.
La foto es cortesía de venceremos-arg.org

¿A qué se dedica Correpi?

Correpi es una organización popular que activa en el campo de los derechos humanos, con especificidad en lo que refiere a la confrontación de las políticas represivas del estado. Entendemos que estas son herramientas que están en la mochila de cualquier gobierno que administra un estado dividido en clases. Por eso será materia que se va a evidenciar en cualquier gestión de gobierno, siempre condicionado por dos factores preponderantes: la condición propia de esos gobiernos que, como es el caso del que nos ocupa actualmente, reivindica explícitamente su potencial represivo, y por supuesto el nivel de mayor o menor profundización del conflicto social y por ende la necesidad de ejercer el control social, cosa que también se ve muy claramente en esta etapa. Acá se dan los dos factores simultáneamente y por eso hay un pico represivo de semejante envergadura.

¿Qué es el informe antirrepresivo? ¿Cómo nació? ¿Qué propósito tiene?

El archivo de casos surgió en 1996, a partir de la necesidad de dar una respuesta política a las declaraciones públicas que, allá por el año 1996 hicieran Menem y Corach, refiriéndose al gatillo facil como simple noticia facil, o fruta de la pluma facil. En función de eso, resolvimos condensar en un solo material toda la información disponible de todos los casos de los que teníamos data, a nivel nacional, de muertes por gatillo facil, torturas en lugares de detención, desapariciones, etc. La utilidad práctica que mostró ese primer y rudimentario listado que tenía solo 262 nombres, nos llevó a mantener la práctica de manera permanente y año tras año fuimos perfeccionando tanto la conformación de la base de datos como la selección de fuentes para poder acceder a mayor información. Por eso, hoy nuestro archivo tiene un total de 5462 nombres, todos referidos a personas asesinadas a través de distintas modalidades de la represión estatal, con 725 casos registrados a lo largo de los primeros 721 días de gobierno del gobierno macrista.

 

¿Cuáles son los datos más importantes del informe de este año?

En la actualización 2017, el primer dato que sobresale es que, como decía recién, de esos 725 casos ocurridos en 721 días de gobierno, demuestran que ya se ha superado la barrera de un caso por día. En este momento estamos frente a un gobierno que tiene en su haber un cadaver cada 23 horas, lo que contrasta fuertemente con los datos de la gestión anterior que culminó con un índice de 0,75 diarios, es decir una muerte cada 48 horas. Semejante salto en tan breve lapso, naturalmente muestra hasta dónde es real lo que venimos planteando: estamos atravesando el peor pico represivo de nuestra historia desde el 1983.

También se constata este año que, como siempre sucede, no solo incorporamos los casos del año en curso, sino que también tomamos conocimiento de casos anteriores. Por ejemplo, cuando llegamos este año a Plaza de Mayo, teníamos 200 casos del año 2016 que no conocíamos en el mismo momento del año pasado, y esto porque muchas veces son meses, y a veces años lo que demora la información en llegarnos, por falta de contacto o por la clásica invisibilización de los medios nacionales.

Otro dato de importancia de este informe surge del accionar de la Policía de la Ciudad que, recién estrenada el 1 de enero del 2017, ya acumula 24 homicidios de gatillo facil contra 20 en ocho años de acción de la Policía Metropolitana. Es decir, la Policía de la Ciudad, sumando la experiencia de la Federal y de la Metropolitana en un solo cuerpo y a fuerza de la militarización de la ciudad, está matando a 2 personas por mes. Porque en 11 meses de gestión ya son 24 las muertes que se le pueden atribuir.

¿Qué pensás a qué se deben tantos asesinatos por parte de las fuerzas del estado?

Como decía antes, la aplicación de todas estas modalidades represivas es parte del herramental propio de cualquier gobierno que tenga que implementar el control social y el disciplinamiento en función de la profundización del conflicto social. Al incrementarse la necesidad de la protesta y, simultáneamente, que acceda a la administración del aparato estatal un gobierno claramente represor y que además está jugado a reformar de una vez y para siempre, reestructurando las relaciones capitalistas en el país, es solamente una cuestión aritmética que se produzca este resultado.

 

La foto es cortesía de elintransigente.com

En el informe se ve un constante crecimiento de asesinatos por cada gestión desde el 83. Por ejemplo, durante el gobierno de Cristina Fernández hubo 0,74% muertos por día. ¿Ves una diferencia sustancial entre el gobierno de Macri y los anteriores o sigue la misma lógica de cada vez más asesinatos?

Los elementos que permiten llegar a esta conclusión, no sólo tienen que ver con los números específicos del archivo a partir de este crecimiento exponencial de todas las modalidades, sino que, por primera vez, estamos frente a un gobierno que reivindica el accionar de su aparato represivo y asume públicamente que es la conducción política de ese aparato represivo, como lo han hecho Bullrich, Michetti, Garavano o Macri después de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado o después del fusilamiento de Rafael Nahuel. Así tratan de construir consenso para legitimar la represión, para criminalizar a los distintos sectores en lucha, en este caso el pueblo mapuche, pero vemos exactamente el mismo mecanismo operar en el control social y el disciplinamiento en las barriadas con la criminalización de los más jóvenes y pobres, y muy fundamentalmente en la persecución y criminalización de las protestas de las trabajadoras y trabajadores organizados, como sucedió en la semana del martes 11 al lunes 18 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires con la represión a las movilizaciones contra la OMC y las dos movilizaciones contra la reforma previsional.

Otro elemento bien significativo es la represión sostenida a los trabajadores de prensa, como denunciaban ayer (por el 27 de diciembre) el SIPREBA (Sindicato de Prensa Buenos Aires), el ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina) y FATPREN (Sindicato de Prensa Buenos Aires) en el Congreso donde, al no haber podido imponer aquel corralito que planteaba el protocolo antipiquete de Bullrich, para evitar que los trabajadores de prensa puedan realizar registros audiovisuales durante las represiones en marchas y movilizaciones, ahora los detienen y los encarcelan. Así sucedió el 1 de diciembre, sucedió el jueves y el lunes pasado, o los balean, como el propio lunes, donde hubo alrededor de diez trabajadores de prensa que fueron blanco de las balas antitumulto de la Policía de la Ciudad.

 

La foto es cortesía de notas. perdiodismo popular.

Finalmente, es importante entender que el marco sobre el cual se desarrolla toda esta política represiva actual es la reivindicación lisa y llana del terrorismo de estado y de la dictadura cívico-militar y de sus protagonistas, tanto civiles como militares. Esto tomó nuevo cuerpo ayer con la domiciliaria al símbolo del genocidio que es el excomisario bonaerense Etchecolatz, pero ha tenido distintas expresiones a lo largo de estos dos años, desde el intento de otorgar el 2×1 a los genocidas a través de la corte, la reivindicación explícita de los genocidas al incluirlos en los desfiles del 9 de Julio en Tucuman, en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país, la puesta en discusión o la negación directamente de los 30.000 desaparecidos por diversos funcionarios del gobierno nacional y de otros distritos, y hasta el propio Macri que manifestó no interesarle cuántos eran los desaparecidos. Esa reivindicación del terrorismo de estado se complementa también con la designación de funcionarios del gobierno nacional y de distintos distritos gobernados por personas vinculadas a la dictadura o familiares directos de protagonistas de la dictadura militar.

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