Excluir, encarcelar y no reintegrar nunca más. Modificación de la Ley de ejecución penal 24.660

Por Jennifer Löcher.

Que entren y no salgan nunca más. La modificación de la Ley 24.660 anularía salidas transitorias, condicionales y la disminución de condena por estudios para personas privadas de libertad. Este proyecto de reforma ya está avanzado en su paso por las instancias legislativas y en caso de que se aprobara significaría un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos.

Esta ley que tiene como objetivo la reinserción de las personas privadas de libertad en la sociedad está siendo reformulada para que el tiempo en la cárcel sea exclusivamente tiempo de castigo. Sin embargo, la sociedad apenas se está haciendo eco de este debilitamiento de los derechos anclados en la Constitución Nacional. Porque en la cárcel está el otro. Porque la cárcel no existe en el horizonte de quienes no la habitan o habitaron.

¿Qué cuentan las voces de quienes habitaron la cárcel, dan clases en ella, trabajan en ella? ¿Qué significado tienen las salidas transitorias para una persona privada de libertad? ¿Por qué son importantes las cooperativas?

Esta nota reúne las voces de Marcelo García, Claudio Castaño y Sergio López de la Cooperativa Textil Hombres y Mujeres Libres. La voz de Lidia Pérez, conductora del programa Derechos de Personas Privadas de Libertad y Liberados del INADI y de la Secretaría de Políticas Carcelarias LGBT de la Federación Argentina LGBT. La voz de Ana Camardo, docente del Centro Universitario Devoto (CUD) que depende de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

¿Cuáles son, para ustedes, los principales cambios que propone la modificación? ¿Qué consecuencias tendría si se aprobara?

Ana Camarda: La reforma no es algo novedoso. Es algo que venimos escuchando hace rato y que es el punitivismo mediático que juega con una estrategia de dar la información de forma parcial, fragmentada, a veces cerrada para que la sociedad nunca tenga un cabal y claro conocimiento de cómo funciona el tema de los delitos en la sociedad y de las penas por esos delitos.

La ley, cuando tiene que discutirse en Senadores, estaba en agenda para las sesiones extraordinarias de diciembre en la Cámara de Senadores y se pospone con el compromiso de Federico Pinedo de que requería un debate serio y que iban a darse el tiempo necesario para dar ese debate. Sin embargo, a pesar de ese compromiso, lo que hicieron fue aprovechar el primer caso mediático que fue el terrible femicidio de Micaela García, para poner de nuevo en agenda esta reforma y anular el debate porque lo que en realidad se quería hacer era jugar con el morbo, con la pena y utilizar de excusa un caso terrible como fue el de Micaela para sin mucha discusión aprobar esta ley.

Los motivos por los que decimos que es una ley regresiva son varios. El primer principio de la ley es la resocialización y lo que hace la reforma es contradecir directamente el principio de la resocialización. También es violatoria de la Constitución Nacional que plantea que las cárceles no están concebidas para castigo y de ahí deriva todo nuestro sistema penal. Por supuesto, hay que discutir qué es lo que pasa en la realidad, pero partamos de las concepciones jurídicas que se usan para definir esas leyes. En ese sentido es violatoria de la Constitución Nacional.

Sergio López: Acá lo que vienen a quitar son los derechos que son los motivadores de la progresividad individual que tiene el detenido. Saber que tiene un derecho que a tres cuartas partes la condena tiene que ser condicionada. Saber que a la mitad de la condena tiene salidas transitorias. Saber que puede acceder a que se le reduzca la condena por estudios. Saber que tiene que tener un tratamiento antes de recuperar la libertad porque lo dice la ley. Es aberrante querer reformar una ley que quiere garantizar que se reintegre el detenido.Y gracias a ese derecho a la educación, uno se puede liberar, puede empezar a conocer otras cosas. Para toda la clase alta es imposible un cambio, porque piensan que alguien como uno no cambia más, nació chorro o asesino. Esta modificación viene a generar un poco más de violencia dentro de la cárcel y es regresiva no sólo para nosotros, sino para toda la sociedad.

Otra cuestión es que en la actualidad, los derechos que la24.660 resguarda, no se cumplen. Por consecuencia, el derecho a la educación, se gana con medidas de fuerza. El derecho a la comunicación se gana con medidas de fuerza. El derecho al trabajo, se gana con medidas de fuerza. Y muchas veces es violento. Entonces, si vos tenés un tipo que para pedir el derecho a la salud tiene que generar violencia, si para el derecho a la educación tiene que generar violencia, si para el derecho al trabajo tiene que generar violencia, al momento de recuperar la libertad, ¿cómo pensás que va a generar sus derechos?

Es un círculo vicioso el cual nosotros repudiamos y hoy en consecuencia nos encontramos reivindicando esos derechos en función de que se aplique la ley. En la actualidad estamos no sólo repudiando la reforma de la 24.660, sino también pidiendo que se aplique la ley 14.301 (ley provincial para la reinserción laboral de liberados). A nivel provincial tenemos la ley 12.256 de la provincia de Buenos Aires con el artículo 2.18 que impone el 5% de la obra pública para liberados, pero no se aplica. Lo único que quieren aplicar son leyes regresivas.

Claudio Castaño: Primero, si nos ponemos a ver que ni siquiera se puso a aplicar la 24.660. Después, los estudios que hay dicen que el 90% de los detenidos que hay, son pobres y que ni siquiera ese 90% tiene el secundario terminado. Eso es violencia y desigualdad social. Nosotros repudiamos la reforma de la 24.660. Va a traer aparejadas consecuencias si la llegan a reformar, dentro de las cárceles, que no tienen ni idea. Muy violentas. Va a haber muchas muertes. Porque ahí adentro, todas las necesidades que faltan, generan violencia.

Nosotros pensamos que el cambio tiene que ser cultural. Y con amor. Porque si me pasa algo y en un hecho delictivo me matan un familiar, lo primero que quiere la sociedad es que lo condenen a 350 mil años. De ahí en adelante, estar toda la vida reclamando para que lo cuelguen en la plaza y le tiren piedras para que lo maten, me parece que de ahí no se construye una nueva sociedad. Nosotros repudiamos la 24.660. Nos parece muy regresiva, casi como si fuera de un gobierno de facto.

Nosotros pudimos expresarlo en el Senado. Eso es histórico. Fue como un antes y un después, porque fue la primera vez que hubo un reclamo dentro de las cárceles y en el Congreso había compañeros apoyando ese reclamo dentro de las cárceles. Eso para mí es un antecedente, un paso bien firme para adelante. De ahí no nos dejamos desorganizar más.

Uno de los principales cambios que propone la reforma es quitar las salidas transitorias. ¿Qué rol juegan las salidas transitorias para una persona privada de libertad?

Ana Camarda: Después de pasar cierta cantidad de años encerrada, mañana le abren la reja, muchas veces a las doce de la noche, dos de la madrugada, sin un peso, no saben dónde están, cómo viajar. Y uno tiene que levantarse y vivir en la sociedad como si se despertara de un largo sueño. Sólo que no se despierta de un largo sueño, sino que sale a libertad después de años de estar privado de ella. Entonces, las salidas transitorias, cuando uno escucha las personas que están ya accediendo a ese derecho, en realidad les permiten construir la vida que van a tener en libertad. Desde retomar los vínculos, porque esa persona falta a una casa y a una familia donde su ausencia se siente. Entonces, es reconstruir esos vínculos que están dañados por la distancia. Y también es programar ese futuro que van a tener y el que es muy difícil pensar cuando se está en la cárcel. Entonces, las salidas transitorias son la oportunidad de la persona privada de libertad de ir construyendo la que va a ser su vida en libertad e idealmente va a ser una vida diferente de la que ha tenido en la cárcel y antes de ingresar a ella.

¿Cómo es el momento de recuperar la libertad? ¿De qué manera el Estado acompaña a las y los liberados?

Lidia Pérez: El Estado está completamente ausente cuando a vos te dan la libertad. Y el Estado ha estado ausente antes de estar detenido. Porque si vos vas a la cárcel y conocés la gente que está adentro ves que el Estado estuvo ausente antes. Vienen de barrios muy precarios, o no han tenido para comer, o la familia viene desestructurada, o han sido expulsados del colegio. ¿Por qué? Porque es morocho, porque es pobre, porque el Estado se olvidó de construir una escuela en el barrio. La primera vez que va a conocer al Estado es policial. Lo encarcelan. Vas a salir y otra vez volvemos a la ausencia del Estado. ¿Existen organismos del Estado? Sí, existe el Patronato de Liberados, Readaptación Social en el nivel federal, que lo único que hacen es hacer un control, un seguimiento. Ese seguimiento, ¿en qué consiste? En que la persona vaya una vez por mes y se presente.

Ana Camarda: Yo separaría en dos grandes cuestiones: Por un lado, el momento inmediato de la libertad. Tenemos relatos muy complicados de personas que salen muy desamparadas. Por ahí la cárcel de la que salen no tiene nada que ver con su lugar de origen, entonces están solos, no tienen familia, muchas veces es en un horario nocturno, entonces están en una zona que no conocen en un horario en que no hay a quien recurrir y hay un nivel de desamparo muy alto.

Tenemos algunos casos de personas que salían tan desamparadas que no tenían donde refugiarse y lo que termina pasando es que vuelven a delinquir y el fin de semana que pasaron afuera fue lo que los llevó a volver adentro.

Hay un primer momento inmediato de recuperación de la libertad que es importante que sea acompañado. Pero después me parece que la otra parte importante tiene que ver con el proyecto que una persona puede hacer al recuperar su libertad. Ese es el tema de los relatos complejos. Esa persona tiene un montón de derechos a los que debiera acceder cuando recupera la libertad. El salario que le fue retenido, por ejemplo. En realidad tenés que hacer un tramiterío terrible para recuperar plata que es tu derecho porque te la ganaste con tu trabajo. Y lo mismo pasa con los certificados de estudio y los niveles educativos a los que accedieron.

Y después está el tema del acceso al trabajo. Se ha presentado muchas veces la ley de cupo laboral para liberados, todavía no logramos que se trate en el Congreso. Está vigente en la Provincia de Buenos Aires pero en realidad son muy pocos los municipios que la aplican – Morón y Berazategui en este momento. Porque están el prejuicio y el estigma de haber estado condenados, pese a estar en libertad. Ya la condena por el delito que cometieron ya cumplieron. Ahí tendría que terminar cualquier tipo de cumplimiento porque ya está. Y sin embargo, la gente es muy prejuiciosa y en lugar de darle trabajo a la persona liberada, la rechaza. Lo cual es muy contradictorio. Nosotros siempre hacemos ese ejercicio de reflexión: Si no le das trabajo, ¿cómo pretendés que se gane la vida? Un poco lo estás obligando a retomar un único camino, porque ¿qué opción tiene? De hambre no se va a morir. Ahí me parece que es necesaria la presencia del Estado, que es el único ámbito donde se pueden limar diferencias que la sociedad no tiene la capacidad de limar.

Imagen DyN

¿Qué medidas serían necesarias para acompañar a las personas que recuperan su libertad?

Marcelo García: Lamentablemente, el aparato de Estado tiene que controlar la ley y nunca, desde que se encuentra vigente la ley de 1994 hasta hoy, hubo una reforma en el sentido de sumar más asistentes sociales, de dar más contención a las personas que egresan de un penal, tratar de dar una capacitación dentro de la cárcel, acompañarlo ni bien sale de la cárcel. Hay que acompañar el individuo un año antes y tiene que haber un trabajo social de inclusión con esa persona para que la persona no salga en bolas.

Sergio Lopez: Hoy con los compañeros estamos luchando por el artículo 64 de la cooperativa (inhabilita a condenados por hurto y robo a ser consejeros de una cooperativa). Que si vos matás podés ser presidente de una cooperativa, pero si robaste no. Está bien hecho porque sigue siendo un proyecto político para excluir, para marginar, para ser pobre.

Marcelo García: El cooperativismo es la herramienta que tiene la persona liberada para conseguir un trabajo ya que el Estado muchas veces no cumple con los parámetros que supuestamente indica la ley. Nosotros buscamos nuestros recursos para salir adelante y trabajar.

Lidia Pérez: La persona cuando sale liberada, lo que necesita es trabajo. Por eso las cooperativas funcionan. Y las cooperativas como Hombres y Mujeres Libres se fundan en eso de decir “La sociedad me da la espalda, ¿qué hago yo para no salir a delinquir?” Entonces se juntan y empiezan a crear las cooperativas. Y hasta ahora es realmente la única propuesta laboral efectiva que hay.

Marcelo García: Lo que hace falta es capacitación y trabajo dentro de la cárcel. Pero trabajo genuino. No pegarles manijas a las bolsitas. Viste las bolsitas de papel madera que hay ahora en todos los negocios? Las manijas las pegan los presos. Es un contrato entre la empresa y el Servicio Penitenciario Federal, donde el plusvalor de las cosas va en un 80% para el Servicio Penitenciario.

En fin, reformando la 24.660 habría movilidad cero. Si vos hacés un proyecto de cooperativa y sale uno de ese grupo a la salida transitoria. Entonces uno va y hace un trámite, el otro consigue donaciones. Le das la movilidad que tiene que tener. En cambio, estando todo el mundo encerrado, ¿cómo hacés?

El Patronato de Liberados ofrece la ayuda post-penitenciaria, el pospe. ¿No sirve?

Lidia Pérez: La tramitación del pospe dura un año. Entonces, vos salís y vos querés comer al otro día. Es una necesidad básica. Y si el pospe te va a tardar un año, te olvidás del pospe y tratás de buscar alguna changa por algún lado, que tampoco te la van a dar. O si te la dan no va a ser suficiente para alimentar. Hablamos de que la mayoría tiene familia, tienen pibes y al otro día tienen que darles de comer. Entonces, ¿sirve el pospe? Sí, serviría si realmente se empezara a trabajar seis meses antes de que la persona salga, a tramitar, como lo dice la ley. La ley dice que el Patronato estará seis meses antes para acompañar la salida a la libertad.

Y eso no es solamente la parte económica. Es lo que se llama la infantilización de la cárcel. La persona ha estado adentro sometida a “vení para acá, andá para allá, hacé esto, hacé lo otro”. De repente la vas a sacar. Hay que construir el lazo social, hay que saber dónde va a ir a vivir, hay que saber qué proyecto tiene la persona. En todo eso, está ausente el Patronato. Lo único que hacen es el control una vez que saliste. Y el pospe, como tarda un año, en el medio perdiste. O salís a delinquir nuevamente. Me pasa que vuelvo y me vuelvo a encontrar adentro los compañeros, y es tristísimo. Ellos te dicen “Estuve seis meses tratando de vivir de una changa, pero en el medio me desalojaban, se me enfermó el pibe, necesitaba el remedio, y bueno.” No hay una política penitenciaria definida, ni para el adentro ni para el afuera.

¿Hubo antes?

Lidia Pérez: No hubo tampoco. Yo soy kirchnerista, y digo que la política penitenciaria que implementó el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, la verdad que fue muy lejos de lo que fuera una verdadera política. Eran remiendos.

¿En qué estado están las cárceles?

Lidia Pérez: Las federales dependen de Nación, y como Nación tiene más presupuesto son mejores las cárceles. Esto no quiere decir que son una maravilla. Son mejores. Las cárceles de la provincia son un desastre. Cualquier día que vas las ratas te llevan a upa. Y esto fuera de la sobrepoblación que tenemos. En una cárcel planificada para que vivan 600 personas hay 800. O para 300 tenés 500. En ese desarrollo no podés plantear una política penitenciaria. Tenés que empezar a hablar de infraestructura. Y en esto también son cruciales los jueces. El encarcelamiento masivo que hay en forma preventiva es un dato importantísimo. Nuestras cárceles, en un 70% están pobladas por personas que estamos viendo si están culpables o no. Eso es terrible. Están años sin condena.

En esto se ve la hipocresía de la sociedad. La sociedad debería reclamar, porque a cualquiera le puede pasar. Simplemente un llamado telefónico “Mirá, creo que mi vecina está vendiendo droga”, te llevan y te tienen tres años, cuatro, cinco años adentro.

Marcelo García: Y a su vez, es un negocio. La cárcel es un negocio, por ejemplo con el tema del presupuesto. Porque la cárcel es como los hospitales u otras instituciones. Hay para el mediodía una carta: “Hoy Ravioles con estofado”. Pero vos nunca vas a ver que te den los ravioles con estofado. Únicamente cuando venga una visita extrajudicial, que sea DDHH o ese tipo de cosas.

Ana Camarda: La gran mayoría de las personas ignoran la realidad de la cárcel. Estoy convencida de que si conocieran, la gente dejaría de pedir la carcel porque te parece inconcebible que una persona tenga que vivir así.

¿Qué significa estar privado de libertad?

Marcelo García: Antes de estar privado de libertad, primero te privaron de acceso a la igualdad cuando tenías la necesidad y la edad de poder absorberlo, conocerlo. Tener una vida digna, poder comer, terminar tu ciclo escolar, poder hacer una carrera universitaria, tener un futuro, tener un trabajo. Todas estas cosas las podés dentro del Estado, y el Estado muchas veces no llega a esos espacios de vulnerabilidad que son desde del segundo cordón del conurbano bonaerense.

¿En qué relación ven el 2×1 para los genocidas con la reforma de la 24.660?

Marcelo García: Quieren sacar una ley a los presos comunes y están empezando a dar arresto domiciliario a los genocidas. Sin ir más lejos, esta semana dieron arresto domiciliario a una persona que está por delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿para qué lado querés estar equilibrando la balanza? Para gente de delitos comunes para abajo, y para gente de genocidio y cosas ideológicas, les van dando libertades. Porque por más que tengan 70, 80 años y no puedan actuar, ideológicamente tienen la misma mente que tenían hace 50 años. Y la van a seguir teniendo. Y con cuatro, cinco tipos como esos en la calle, imaginate. No vas a necesitar más fuerzas de seguridad. Si con un grupo de tarea de ellos se termina toda la delincuencia (se ríe).

¿Qué opinan de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad?

Claudio Castaño: Se habla de la baja de la imputabilidad, de que el problema son los menores, que los menores andan matando por todo por toda la ciudad. Y pareciera que vas a abrir la puerta y del techo se cuela alguien y te va a matar. Y es injusto. Eso no es real. Hay un montón de estudios hechos por grandes juristas: De 200 delitos que cometen los menores, solamente el 2 ó 3% están implicados en casos de homicidio. El problema no pasa por ahí. El problema pasa por la desigualdad social que hay y que el capital queda en las manos de unos pocos.

Marcelo García: Con el tema de la baja de imputabilidad se dice que los menores tienen la culpa. Pero los menores no fabrican las armas. Los menores no fabrican las drogas. ¿Quiénes son las personas que ponen al alcance de la mano un arma, la droga, y todos esos implementos que hacen a que los chicos venden un mundo que no tiene salida? Y a su vez, en los espacios de vulnerabilidad social tendría que haber un poco más de participación de parte del Estado para tratar de darles herramientas a los chicos. Ahora, a los diez años un chico ya tiene capacidad de saber lo que quiere porque está todo el tiempo con lo tecnológico. Entonces, tenés que tratar de captar lo que el tipo quiere hacer. Por lo menos, mínimamente brindarle esa herramienta necesaria para que el tipo no se frustre. Si vos no lo agarrás de pibe y le das la posibilidad de que se pueda desarrollar, se frustra. ¿Y qué hace? Sale de la casa, va a la esquina, se fuma un porrito, después se prende una pipa, toma cocaina y después anda robando.

¿Vivimos en un momento de mucha inseguridad?

Marcelo García: Lo que veo es inseguridad social, no inseguridad delictiva. Para ver inseguridad delictiva, podemos volver a los años 80, 90 que robaban cuatro, cinco bancos por día. Había una movilidad delictiva grande. Pero hoy hay una delincuencia social debido a la gran masa de jóvenes que se dedican al consumo de la pasta base.

Protesta por la muerte de Pamela Macedo Pandu en un penal de Florencio Varela en marzo.
Imagen agencia presentes.

Lidia, ¿cómo es el trabajo que llevan a cabo con la población trans?

Lidia Pérez: Pertenezco a la Federación Argentina LGBT y tenemos la Secretaría de Cárceles. Lo que hacemos es ir a ver que al menos se cumpla la Ley de Identidad de Género.

¿Se suele cumplir?

Lidia Pérez: Estamos trabajando en eso. Estamos constantemente dando charlas y cursos a los oficiales penitenciarios para que entiendan y respeten la identidad. Estamos con un protocolo de requisa. Y estamos específicamente con la Unidad 32 en la provincia de Buenos Aires, que hay población LGBT. Estamos acompañando un proceso para que ellas puedan pasar a una cárcel de mujer porque hoy conviven en una cárcel de hombres.

Ahora estamos avanzando también con la medicación porque muchas chicas tienen algún proceso de hormonación y como están en cárceles de hombres, no era un tema la diversidad. Muchas de las chicas conviven con VIH y necesitan medicación. Estamos en esas pequeñas reformas para después profundizar un poco más. Pero para que te hagas una idea, cuando llegamos a ese pabellón estaba alejado del resto de la población y hacía tres días que no comían. Y no les llevaban la comida porque se olvidaron. Porque están pensados como enfermos. Nosotros llegamos a la 32 en diciembre, justo había fallecido una chica. Falleció por falta de atención médica. Lo que no se entendía era que es responsabilidad del Estado. Cualquier muerte ocurrida dentro de la cárcel es responsabilidad del Estado. Desde esa lógica empezamos a trabajar. Y también con el resto de la población. Porque las pibas no podían recibir visitas porque estaban los pabellones evangélicos que no las dejaban bajar a visita, porque son inmorales. Hay que trabajar con todos, con las chicas, con el Servicio Penitenciario y con la población en general para que sean aceptadas.

Ana, como docente del CUD, ¿qué rol juega, a tu parecer, el hecho de que exista un centro universitario dentro de la cárcel para los internos?

La experiencia del Centro Universitario tiene más de 30 años, así que me voy a concentrar en los aspectos más destacables. Primero que es una consecuencia de las personas detenidas. Ya eso es un logro enorme, que hayan luchado y exigido y que hayan conquistado ese espacio es a todas luces un ejemplo de lo que la lucha y la organización pueden conseguir.

Es una experiencia pionera. No es que no exista la educación universitaria para personas privadas de libertad, pero en realidad en otros lugares del mundo lo que existe es que se habilite la salida de la persona privada de libertad a estudiar. Algunos dirán que eso es mejor por la integración de la persona con la comunidad, pero eso es relativo. Imaginemos que ya de por sí el tema de los recursos para personas privadas de libertad es un debate enorme. Entonces imaginemos que por cada persona que quiere salir a estudiar hay que hacer un operativo de traslado, esto hace que puedan acceder realmente muy pocos. El Centro Universitario, por el hecho de funcionar en el mismo espacio, amplía la posibilidad de acceso.

Si hacemos una demografía de la cárcel, las cárceles están pobladas sobre todo por los sectores populares y muchas personas privadas de la libertad tuvieron un acceso muy limitado a la educación. Si uno les pregunta en qué nivel educativo estaban al momento de ingresar, es primario, a veces primario incompleto, secundario incompleto, a veces algún paso por la educación superior. Entonces también la existencia del Centro Universitario posibilita el acceso a la educación superior para aquellas personas que por su realidad de vida, usualmente tener que salir a trabajar y ganarse el pan desde una edad muy temprana, es algo absolutamente impensable. Acá lo destacable es que la educación te da opciones. Te habilita espacios, te habilita posibilidades que sin ella por ahí no considerabas.

Y ni hablar para quienes somos docentes y tenemos la posibilidad de acceder al Centro Universitario, que como experiencia docente es sumamente enriquecedora porque es un desafío pedagógico al que yo le doy la bienvenida porque es un aprendizaje y una riqueza enorme.

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